La facultad de la autoridad de fiscalizar nuevamente al contribuyente

Hay dos tipos de ejercicio de facultades de com­probación del cumplimiento de las obligacio­nes fiscales por parte de los contribuyentes, ejercidos por la autoridad exactora que son bastante parecidos aunque no iguales: La revisión de escrito­rio o gabinete y la visita domiciliaria.

A la primera, se refiere la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación como la acción de la autoridad que consiste en:

II. Requerir a los contribuyentes, responsables so­lidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del bu­zón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o in­formes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

Y a la segunda, se refiere la fracción III del referido numeral 42, como el acto de autoridad consistente en:

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los respon­sables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Como consecuencia de una revisión de escritorio, en el caso de que la autoridad revisora, a su juicio, detecta omisiones en el cumplimiento de las obliga­ciones fiscales, se emite un oficio de observaciones en el cual se deben hacer constar en forma circuns­tanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido.

El contribuyente o el responsable solidario, cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los docu­mentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisa­dos, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta docu­mentación comprobatoria que los desvirtúe.

Cuando no se le detectaron omisiones al contribu­yente, la autoridad fiscalizadora debe comunicarle a este o al responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los docu­mentos presentados.

Cuando se trata de una visita domiciliaria, no existe la figura de oficio de observaciones, sino de actas parciales y acta final.

El segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación dispone que:

“Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan en­trañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parcia­les. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros”.

Después señala que:

“En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia (es decir, mencionar que se trata de la última acta parcial) y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyen­te podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como op­tar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días”.

El tercer párrafo de la referida fracción IV establece que:

“Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad”.

La fracción IX del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales están facultadas para:

“IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribu­yentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la informa­ción y documentación que obre en poder de la autori­dad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones”. Esto es lo que cono­cemos como revisiones electrónicas.

En relación con los tres tipos de revisiones fiscales comentados, el artículo 53-C del Código Fiscal de la Federación dispone que:

“[…] Las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos, que no se hayan revisado anteriormente, sin más limita­ción que lo que dispone el artículo 67 de este Códi­go Fiscal de la Federación”, es decir, siempre que no haya caducado el plazo en el que están facultades las autoridades para ejercer sus facultades de comproba­ción.

“Cuando se comprueben hechos diferentes la autori­dad fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprove­chamiento por el mismo periodo y en su caso, deter­minar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos hechos”.

“La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros; en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presen­ten, o en la documentación aportada por los contribu­yentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comproba­ción previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya ob­jetado de falso el documento en el medio de defen­sa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente”.

Lo antes dispuesto, lo confirma el artículo 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente: “Cuando las autoridades fiscales determinen contri­buciones omi­tidas, no podrán llevar a cabo determi­naciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuan­do se comprueben hechos diferentes. La comproba­ción de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan re­visado con anteriori­dad”.

Por: Redacción

Alcance de los convenios de colaboración en materia fiscal entre el Gobierno, Estados y Municipios

El artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal Federal dispone que esta tiene como finalidad coordinar el sistema fiscal de la Fede­ración con las Entidades Federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para es­tablecer la participación que corresponda a sus ha­ciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de co­laboración administrativa entre las diversas autorida­des fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. El numeral citado, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos mediante la distribución de los fondos constituidos para tales efectos.

La planeación nacional tiene como uno de sus obje­tivos impulsar la actividad económica, social, política y cultural del país. El Sistema Nacional de Coordina­ción Fiscal tiene la finalidad de organizar acciones conjuntas en relación con la administración de las finanzas públicas del país.

El Gobierno Federal y las entidades federativas lle­van a cabo convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal con la finalidad de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor autono­mía financiera de las entidades federativas y munici­pios; las entidades federativas y los municipios son parte actuante de la administración tributaria nacio­nal a través del esquema de coordinación fiscal.

Las entidades federativas participan en la adminis­tración de los impuestos. La colaboración adminis­trativa no solo se da respecto a las actividades de recaudación de los impuestos sino también respecto del ejercicio de diversas facultades para la debida administración de todos los ingresos coordinados, ta­les como, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular; de­terminar y notificar a los contadores públicos registra­dos las irregularidades de su actuación profesional, y las relativas al cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Las entidades también participan en los programas de intercambio de padrones y registros de contribu­yentes; de actualización en la captura de los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, y del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto de la Clave Única de Registro de Población, en los trámites de los contribuyentes.

Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación

El artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal dis­pone que:

“El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de adminis­tración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, re­caudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente.

En los referidos convenios se especificarán los ingre­sos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se pu­blicarán en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se es­tablezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Federación o la Entidad podrán dar por termina­dos parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y ten­drá efectos conforme al párrafo anterior.

En los convenios señalados en este precepto se fija­rán las percepciones que recibirán las Entidades o sus Municipios, por las actividades de administración fis­cal que realicen”.

Dentro de las actividades coordinadas se encuentra la relativa a la aplicación del procedimiento adminis­trativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales determinados por la Federación, previamen­te acordados entre ésta y la entidad;

En los casos en que una entidad inicia el ejercicio de las facultades de comprobación y debido al cambio de domicilio fiscal del contribuyente a otra entidad esta última continúe con dicho ejercicio, los incenti­vos para la entidad se perciben de conformidad con la normatividad que para el efecto emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si el contribuyente paga contribuciones el mismo día que se le deja el citatorio para notificar la orden respectiva o bien en que le fue notificado el acto de fiscalización, la enti­dad percibirá los incentivos siempre que desahogue los procedimientos que confirmen que el pago cubre adeudos fiscales, lo cual deberá constar en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en el ofi­cio de conclusión, según se trate;

Las entidades se hacen acreedoras a incentivos o participaciones del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado fir­mes, cuando tales entidades cumplen con el progra­ma operativo anual.

Las entidades también participan en las actividades de planeación, programación y evaluación de las ac­tividades de fiscalización.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a tra­vés del Servicio de Administración Tributaria está autorizada a ejercer su facultad de verificación, aun cuando la entidad se encuentre ejerciendo las facul­tades delegadas;

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propor­ciona a las Entidades un Código de Conducta que norma la actuación de las autoridades estatales en el ejercicio de las facultades delegadas. En caso de incumplimiento al citado código, la entidad aplica las medidas correctivas que correspondan;

Tratándose de sus propias resoluciones, la entidad puede interponer recurso de revisión ante el Tribu­nal Colegiado de Circuito competente, ello en función de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las entidades también pueden estar facultadas para tramitar y resolver los recursos de revocación e inter­venir en los juicios de nulidad.

Las labores de vigilancia de las entidades pueden estar encaminadas a asegurar el cumplimiento de obligaciones, de la expedición de comprobantes fis­cales, así como de que los envases o recipientes de bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete o precinto correspondiente.

En los convenios se ha hecho innecesario que se se­ñale expresamente que los servidores públicos que manejen fondos y recursos federales se encuentran sujetos a las disposiciones federales aplicables en materia de responsabilidades, pues el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi­canos ya establece dicha previsión;

Las facultades de las entidades federativas tratándo­se de sus actos de comprobación en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta y espe­cial sobre producción y servicios contemplan el ase­guramiento de bienes o negociaciones y la práctica del levantamiento del embargo precautorio.

El artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Fede­ral dispone que:

Las autoridades fiscales de las entidades que se en­cuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordina­ción Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales.”

No obs­tante, se señala que:

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos”.

El subsecuente artículo 15, precisa que:

“La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se establezca en los convenios o acuerdos respectivos.

Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secreta­ría, también directamente, hará el pago a las entida­des de las cantidades que les correspondan… (En el fondo de participaciones)… y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe acuerdo entre las partes interesadas, un pro­cedimiento de compensación permanente.

Las entidades coordinadas con la Federación en ma­teria de automóviles nuevos, deberán rendir cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos.

La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen por infla­ción y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de recargos que establez­ca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de contribuciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la en­tidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones […]”.

Según se observa, en los párrafos precedentes, las facultades de administración tributaria y fiscalización federales delegadas en las entidades federativas son amplias, aunque es menester señalar que deben cir­cunscribirse a lo que se establezca en cada convenio celebrado.

No es inconstitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delegue sus facultades de compro­bación del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes ni la administración y recaudación de los impuestos, pues según lo hemos comentado, la Ley de Coordinación Fiscal Federal la faculta para ello.

Por: Redacción

Pérdida de bienes parcial o totalmente no deducibles

La fracción XIV del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción IX del artículo 148 del mismo ordenamiento, establecen que no serán deducibles:

“Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta Ley”.

Si una inversión no es deducible por cualquier moti­vo, ya sea por no estar amparada con un comprobante fiscal, no ser propia y normal de las opera­ciones de la entidad, no cumplir con los requisitos de deducibilidad establecidos, etc., es entendible que al perderse el bien motivo de esa inversión no podrá deducirse, pues de origen estaba prohibida la deducción desde el momento mismo en que se efectuó la inversión.

Tratándose de aviones, la mencionada fracción XIV señala que las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor:

“Sólo serán deducibles en la parte proporcional en la que se haya podido deducir el monto original de la inversión. La pérdida se determinará confor­me a lo dispuesto por el artículo 31…” de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

No solo la inversión en aviones está limitada en su deducción, suscitándose con ello la existencia de una parte de la inversión deducible y otra parte no deducible, sino también la efectuada en automóviles.

El noveno párrafo del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dispone que:

“Para determinar la ganancia por la enajenación de bienes cuya inversión es parcialmente deduci­ble en los términos de las fracciones II (automó­viles) y III (aviones) del artículo 36 de… (la Ley del Impuesto Sobre la Renta), …se considerará la diferencia entre el monto original de la inversión deducible disminuido por las de­ducciones efectuadas sobre dicho monto y el pre­cio en que se enajenen los bienes”.

En términos de la fracción II del artículo 36 referido, lainversión en automóviles sólo es deducible hasta por un monto de $175,000.00 y tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de $250,000.00.

La fracción III del artículo 36 referido precisa que en el caso de aviones, la deducción se calculará considerando como monto original máximo de la inversión, una cantidad equivalente a $8’600,000.00.

Supongamos la pérdida por caso fortuito de un auto­móvil no eléctrico que adquirimos en junio de 2018 en la cantidad de $ 200,000 y que se perdió en enero de 2020.

Meses completos de uso: 6 de 2018 y 12 de 2019.

Las inversiones fiscalmente se deducen al momen­to de determinar el impuesto sobre la renta anual y presentar la declaración. Debido a ello la parte no deducida durante 2020 es el saldo pendiente de de­ducir al 31 de diciembre de 2019 (es decir principios de 2020), por tal motivo, en el caso de bienes que se pierden por ejemplo en 2020 no se les considera de­ducción del ejercicio, pues al momento de perderse el saldo por deducir es el mismo que se tiene al inicio del ejercicio.

                Meses acumulados de deducción               18

    Entre:   Total de meses de vida fiscal útil          48     (4 años)

    Igual a: Proporción                                   0.3750 = 37.50%

   Deducción acumulada al mes de enero de 2020:

    Inversión $ 175,000.00 X 37.50% = $ 65,625.00

     Inversión                       $   175,000.00

    Menos: Deducción acumulada          65,625.00

    Igual a: Valor neto                     $   109,375.00

    Por:      Factor de actualización                1.0659

    Igual a: Pérdida deducible        $   116,582.81

El factor de actualización se determinó como sigue:

                     INPC Diciembre 2019          105.9340

      Entre:    INPC Junio 2018                     99.3765

      Igual a:  Factor de actualización         1.0659

Lo antes ejemplificado, también se confirma en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que a la letra establece que:

“Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra”.

La inversión se actualiza al último mes de la primera mitad del periodo en que el bien es utilizado, sin embargo, para tales efectos se consideran meses completos de uso. Cuando es impar el número de meses del periodo en que el bien es utilizado, se considera como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior. En el ejemplo se observa que el bien se utilizó solo algunos días del mes de enero de 2020, por lo tanto, al no haber meses completos de uso en 2020, se considera la actualización solo hasta el mes de diciembre de 2019. Si el bien se hubiera utilizado digamos hasta el 20 de mayo de 2020, los meses completos de uso serían 4 (mayo no se cuenta por no ser un mes completo de uso del bien), y por lo tanto en tal caso tomaríamos como numerador el índice del mes de febrero de 2020 (mitad del periodo).

Por: Redacción

Tratamiento del IVA en la enajenación de inmuebles usados que se destinarán a casa habitación

Son dos los supuestos que hacen que la enajenación de una construcción adherida al suelo se encuentre exenta del IVA:

1. Que el bien se utilice para casa habitación (es decir, cuando el enajenante le daba este uso), o

2. Que el bien se destine a casa habitación (es decir, cuando el adquirente le dará ese uso independientemente de que el enajenante no se lo estuviera dando)

Es debido a lo señalado que el artículo 28 del Reglamento de la Ley del IVA precisa que cuando se enajene una construcción que no estuviera destinada a casa habitación, se podrá considerar que si lo está y gozar por lo tanto de la exención en la enajenación, cuando se asiente en la escritura pública que el adquirente la destinará a ese fin y se garantice el impuesto que hubiera correspondido ante las autoridades recaudadoras autorizadas para recibir las declaraciones del mismo. Dichas autoridades ordenarán la cancelación de la garantía cuando por más de seis meses contados a partir de la fecha en que el adquirente reciba el inmueble, éste se destine a casa habitación. Tratándose de construcciones nuevas, se atenderá al destino para el cual se construyó, considerando las especi­ficaciones del inmueble y las licencias o permisos de cons­trucción.

Por: Redacción