¿Qué tipo de cambio se utiliza en el acreditamiento de impuestos?

El tercer párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, establece que para determinar las contribuciones y sus accesorios se con­siderará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se cau­sen las contribuciones. El subyacente cuarto párrafo establece que:

“Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de impuestos o de cantidades equivalente a éstos, pagados en moneda extranjera (por ejemplo el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero contra el ISR que ha de pagarse en México), se considerará el tipo de cambio (que corresponda conforme al párrafo anterior) referido a la fecha en que se causó el impuesto que se traslada o en su defecto cuando se pague.”

Como se observa, el mencionado párrafo cuarto, tratándose del acreditamiento de impuesto, sólo se refiere al tipo de cambio vigente en dos momentos:

a) El de la fecha en que se causó el impuesto que se traslada.

b) El de la fecha de pago.

El tipo de cambio referido en el inciso b), tal y como lo establece la disposición, solo se aplica en defecto.

Por: Redacción

Efecto de las notificaciones indebidas en la prescripción de créditos fiscales

El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que un crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años; término que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido por la autoridad al contribuyente.

La prescripción se puede oponer como excepción en los recursos administrativos, es decir, esencialmente en el procedimiento de revocación, o a través del juicio contencioso administrativo. Dicho de manera sucinta, en ambas instancias, se puede argumentar respecto de un crédito fiscal que se le pretende cobrar al contribuyente, que el derecho de la autoridad a cobrarlo ya prescribió.

El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor (autoridad exactora) notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

Un procedimiento administrativo de ejecución (es decir, aquel en el cual la autoridad exactora pretende embargar bienes del contribuyente) puede suspenderse cuando se acredita la impugnación del crédito y se garantiza el interés fiscal. Respecto de ello, el referido artículo 146 precisa que en tanto se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, también se suspenderá el plazo de la prescripción.

Según lo señala el referido artículo 146, también se suspende el plazo de prescripción de un crédito fiscal cuando el contribuyente ha desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido.

Cuando la notificación del acto por parte de la autoridad es ilegal, por no ajustarse a la normatividad establecida para las notificaciones, no debe considerarse realizada la gestión, por ser jurídicamente inexistente y por lo tanto, en tal caso no se suspende el plazo de prescripción. Respecto de ello hay una tesis jurisprudencial que lo confirma.

Localización

Tesis: 2ª/J 198/2009. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.

Tomo XXX Diciembre 2009, página 306. Materia: Jurisprudencia Administrativa.

Rubro

NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO O GESTIÓN DE COBRO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Texto

En términos de la disposición legal de mérito, el plazo de 5 años para que opere la prescripción de las facultades de las autoridades para hacer efectivos créditos fiscales, inicia a partir de la fecha en que el pago de éstos pudo ser legalmente exigido, y se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor; o, por el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito.

En ese sentido, cuando no pueda acreditarse de manera fehaciente que el deudor tuvo pleno conocimiento de la existencia del crédito, y la gestión de cobro no se notificó con las formalidades exigidas, dando lugar a que se declare la nulidad de dicha notificación, ésta no surte efecto jurídico alguno, por lo que se entiende que el contribuyente no conoció tal acto. Por tanto, esa diligencia no puede tomarse en consideración para la interrupción del plazo de la prescripción a que alude el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues es precisamente la notificación la que genera certeza de las gestiones que lleva a cabo la autoridad hacendaria para hacer efectivo un crédito.

El cobro coactivo

Hay ocasiones en las que de manera coactiva, las autoridades le cobran un crédito fiscal al contribuyente y este interpone un medio de defensa en contra de ello alegando la prescripción. Si la resolución le favorece, el monto pagado adquiere la naturaleza de pago de lo indebido y por lo tanto le son aplicables a este las normas generales de devolución o compensación inherente a cualquier otro tipo de pago de lo indebido, según tesis aislada que así lo sostiene y que se muestra a continuación.

Localización

Tesis: I.16o.A.28 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV. Décima Época, pág. 3105. Tesis aislada administrativa.

Rubro

PAGO DE LO INDEBIDO. LO CONSTITUYE EL REALIZADO COMO CONSECUENCIA DE UN CRÉ-

DITO FISCAL RESPECTO DEL CUAL SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LOS ACTOS DE SU PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR ACTUALIZARSE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE COBRO DE LA AUTORIDAD Y, POR TANTO, ES SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Texto

De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la prescripción implica un pronunciamiento sobre el derecho sustantivo de los gobernados, para lo cual éstos puedan solicitar su declaratoria, ya sea vía acción ante las propias autoridades fiscales, cuando no se ha cobrado el crédito fiscal, o bien, vía excepción, cuando éste pretenda cobrarse, por los medios de defensa correspondientes. En ese sentido, si el alcance de la declaratoria de nulidad de los actos del procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal por actualizarse la prescripción de las facultades de cobro de la autoridad, se traduce en que el actor obtiene la satisfacción absoluta de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal; es decir, esa declaratoria provoca la insubsistencia plena de la resolución impugnada, ante la ilegalidad de dichas facultades, ello implica que el pago realizado por el particular como consecuencia del crédito, constituye un pago de lo indebido susceptible de devolución, en términos del artículo 22, cuarto párrafo, del código mencionado.

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

¿Qué procede con el ISR e IVA determinados presuntamente por la autoridad fiscal?

En ocasiones, por cualquier circunstancia, dejamos de presentar alguna declaración en la cual tenemos impuesto a cargo, y, derivado de ello, la autoridad nos determina un crédito fiscal, fundamentando esa determinación en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. El crédito, nos lo determina en cantidad igual al monto mayor pagado en una declaración anterior. Dado que es un crédito fiscal estimado, posteriormente, al determinarlo nosotros correctamente, resulta que el monto realmente adeudado es mayor al monto estimado enterado y entonces nos preguntamos si el pago estimado es acreditable contra el monto real y cómo sería esto. Veamos.

El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación precisa que después de tres requerimientos al contribuyente para que presente una declaración, las autoridades fiscales pueden hacerle efectiva a él o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Señala que la cantidad pagada no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

El artículo citado, también dispone que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, es decir, por ejemplo, cuando se conoce la cantidad de ingresos gravados para efectos del IVA y la tasa que es aplicable (en este caso 16%), la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste (es decir al contribuyente) le corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. En este caso no hay una estimación de la contribución con base en el monto mayor pagado en cualquiera de las últimas seis declaraciones, sino que se trata de la determinación del impuesto causado.

Recordemos que el tercer párrafo del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

Las cantidades pagadas con base en el monto estimado por parte de la autoridad son acreditables. Es el referido artículo 41 el que señala que si el contribuyente presenta una declaración con los datos reales después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una canti­dad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Faltantes en inventarios por los que se deben pagar contribuciones

El primer párrafo del artículo octavo de la Ley del Impuesto al valor Agregado señala que el faltante de bienes en los inventarios de las empresas se presume enajenación, presunción que admite prueba en contrario. Un faltante en nuestras existencias puede obedecer a diversas causas, robos, mal registro, consumo propio, etc.

El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado precisa que en el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se considera que se efectúa la enajenación en el momento en que el contribuyente o las autoridades fiscales co­nozcan dicho faltante, lo que ocurra primero.

Es la fracción V del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación la que faculta a las autoridades fiscales a presumir que las diferencias entre los activos registrados en contabili­dad y las existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los que se deban pagar contribuciones.

La fracción XIV del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la obligación de las personas morales contribuyentes de llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. La fracción IV del referido artículo les establece la obligación de levantar anualmente inventario físico.

El artículo 77 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos señala que los contribuyentes que destinen parte de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y pro­ductos terminados, al consumo propio, podrán deducir el costo de los mismos como gasto o inversión según se trate, siempre que el monto de dicho gasto o inversión, no se in­cluya en el costo de lo vendido. El registro contable deberá ser acor­de con el tratamiento fiscal.

Una pérdida de dinero o de bienes, por caso fortuito o fuerza mayor, es perfectamente deducible, según se lee en el siguiente criterio interno del Servicio de Administración Tributaria, además, en tal caso no se consideraría la existencia de enajenación.

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.

A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la Ley del ISR, como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se hubieren acumulado para los efectos del ISR, y

II. Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, el contribuyente deberá denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de radicación, emitido por el juez competente. Dicha copia certificada deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad fiscal.

Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros se acumularán de conformidad con el artículo 18, fracción VI de la Ley del ISR.

El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas conforme al presente criterio en el caso de que la autoridad competente emita conclusiones no acusatorias, confirmadas, en virtud de que las investigaciones efectuadas hubieran indicado que los elementos del tipo no estuvieren acreditados y el juez hubiere sobreseído el juicio correspondiente.

En los casos en los que no se acredite la pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente como pérdida deberá acumularse, previa actualización de conformidad con el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se efectuó la deducción hasta la fecha en que se acumule.

B. En caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el artículo 37 de la Ley del ISR derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la deducción correspondiente deberá cumplir con el requisito a que se refiere la fracción II del apartado A anterior.

El criterio de la autoridad exactora no hace referencia a mercancías, sino solo a dinero y a activos fijos, no obstante, el artículo 25 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos señala que no se consideran faltantes de bienes en los inventarios de las empresas, aquéllos que se originen por caso fortuito o fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para los efectos de la Ley del Im­puesto sobre la Renta.

Por: Redacción