La intervención de la negociación por parte de las autoridades fiscales. El mayor mal que le puede sobrevenir a un contribuyente

Lo peor que puede ocurrirle en materia fiscal a una persona no es que le llegue un requerimiento, se le practique una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica o que le embarguen bienes, vamos, ni siquiera que le congelen sus cuentas, sino que su empresa sea intervenida por la autoridad exactora.

El artículo 151 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:

  1. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicar­los en favor del fisco, o
  2. A embargar los depósitos bancarios, componen­tes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades finan­cieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevado al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El monto del embargo sólo podrá ser hasta por el im­porte del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas.

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negocia­ciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.

Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo.

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la au­torización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdic­cional y se encuentren garantizados en términos de lo estableci­do en las disposiciones legales aplicables

  1. A embargar negociaciones con todo lo que de he­cho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos nece­sarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

Cuando las autoridades fiscales embargan negocia­ciones, el depositario designado adquiere el carácter de interventor bajo cualquiera de las dos modalida­des siguientes:

-Interventor con cargo a la caja, o

-Interventor administrador.

En gravedad, el que se instaure un interventor admi­nistrador es mayor a si el interventor es con cargo a caja.

Un interventor con cargo a la caja después de sepa­rar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación, debe retirar de la negociación inter­venida hasta el 10% de los ingresos percibidos en efectivo, mediante transferencia electrónica o depó­sitos a través de instituciones del sistema financiero, y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diaria­mente o a medida que se efectúe la recaudación. Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversio­nes de la negociación intervenida, por conceptos dis­tintos a los señalados, que impliquen retiros, traspa­sos, transferencias, pagos o reembolsos, deben ser aprobados previamente por el interventor con cargo a caja, quien además llevará un control de dichos movimientos.

Cuando el interventor con cargo a caja tiene conoci­miento de irregularidades en el manejo de la nego­ciación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, debe dictar las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dar cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no son acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y:

-Se convierta en intervención en administración, o bien

-Se procederá a enajenar la negociación, o, en su caso,

-Se procederá a solicitar ante la autoridad competen­te el inicio del concurso mercantil.

Si se determina la existencia de un interventor ad­ministrador este asumirá todas las facultades que normalmente corresponden a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de cré­dito, presentar denuncias y querellas y desistir de es­tas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o es­peciales que juzgue convenientes, revocar los otor­gados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor administrador no queda supeditado en su actuación al consejo de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, es decir, negocios de personas físicas, el interventor administrador asume todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio.

El interventor administrador tiene las siguientes obli­gaciones:

  1. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la ofici­na ejecutora.
  2. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes y enterar su importe al fisco federal en la medida que se efectúe la recaudación.

El interventor administrador no puede enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenación de la negociación intervenida, se procederá al remate de conformidad con las dispo­siciones de ley.

El nombramiento de interventor administrador debe anotarse en el registro público que corresponda al domicilio de la negociación intervenida.

Pese a lo expuesto, la asamblea y administración de la sociedad intervenida pueden continuar reunién­dose regularmente para conocer de los asuntos que les competen y de los informes que formule el inter­ventor administrador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su consideración. El interventor administrador también está facultado para convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a la administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o con­venientes.

Tengamos en orden nuestra situación fiscal.

Por: Redacción

Deducibilidad del aseguramiento del hombre o la mujer clave

Por decirlo de manera sucinta, un hombre o mujer clave es aquel (aquella) cuya presencia es imprescindible para mante­ner en un estatus productivo a una empresa o enti­dad. Es a partir de esta definición que la fracción XII del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la deducibilidad de los pagos de primas por seguros que tengan por objeto resarcir al contribuyente de la disminución que en su productivi­dad pudiera causar la muerte, accidente o enferme­dad, de técnicos o dirigentes.

La fracción referida dispone que la deducción de las primas procederá siempre que el seguro se establez­ca en un plan en el cual se determine el procedimien­to para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposicio­nes de carácter general.

No es en reglas de carácter general, sino en el artícu­lo 51 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el que se establece que los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes antes menciona­dos, deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de veinte años y de prima nivelada.

II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial en el caso de so­ciedades de personas o en comandita por acciones.

Recordemos que un socio industrial es aquel que en lugar de recursos monetarios aporta a una sociedad su trabajo.

Sociedades de personas son las sociedades y aso­ciaciones civiles. La sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solida­riamente, de las obligaciones sociales, y de uno o va­rios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.

III. El contribuyente deberá reunir la calidad de con­tratante y beneficiario irrevocable.

IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el contribuyente acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurra.

La fracción III inmediata anterior fue establecida por el legislador a fin de evitar que se contratara un segu­ro con el único fin de beneficiar con la indemnización a personas bajo la figura de hombre o mujer clave, es decir, no será este sino quien contrata el seguro quien en el caso de muerte, accidente o enfermedad de aquel re­cibirá la indemnización derivada del aseguramiento.

Ello guarda relación con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece que se considerarán ingresos:

“Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, acci­dente o enfermedad de técnicos o dirigentes”.

Por: Redacción

Opción de deducir gastos como si fueran activos fijos

Las disposiciones fiscales buscan prohibir que una persona deduzca activos fijos como si fueran gastos, dado que estos se deducen totalmente en un ejercicio y aquellos se deducen en porcentajes anuales. Sin embargo, el artículo 74 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece una opción inversa, es decir, deducir gastos como si fueran activos fijos. Este artículo reglamentario señala lo siguiente:

“Los contribuyen­tes que realicen inversiones de activo fijo y conjuntamente adquieran refacciones para su mantenimiento, que se con­suman en el ciclo normal de operaciones de dicho activo, podrán considerar el monto de esas refacciones dentro del monto original de la inversión del activo fijo de que se trate, pudiéndolas deducir conjuntamente con el citado activo fijo, mediante la aplicación en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados en la Ley, para el activo de que se tra­te, siempre que dichas refacciones no sean adquiridas por separado de la inversión a la que corresponden y la parte del precio que corresponda a las refacciones se consigne en el comprobante fiscal del bien de activo fijo que se adquiera.

En el caso de que con posterioridad a la adquisición del activo fijo y de las refacciones a que se refiere el párrafo anterior, se efectúen compras de refacciones para reponer o sustituir las adquiridas con la inversión original, se consi­derarán como una deducción autorizada en el ejercicio en el que se adquieran, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos en la Ley.”

Consideremos que la fracción I del artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos señala que:

“Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalacio­nes se considerarán inversiones siempre que impliquen adicio­nes o mejoras al activo fijo.

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación”.

El artículo 75 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos precisa en relación con la fracción I del artículo 36, antes referida, que:

“Se con­sideran como parte de las instalaciones o de los bienes, las reparaciones o adaptaciones que implican adiciones o me­joras al activo fijo, las que aumentan su productividad, su vida útil o permiten darle al activo de que se trate un uso diferente o adicional al que originalmente se le venía dando…”

Los contribuyentes podrán considerar dentro de las in­versiones a que se refiere el artículo 36, fracción I de la Ley, los gastos que se efectúen por concepto de restauración, conservación o reparación de monumentos artísticos e his­tóricos en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, siempre que dicha restauración, conservación o reparación se efectúe conforme a la autorización o permiso que para las mismas hubiera otorgado la autoridad competente para tales efectos. La restauración, conservación o reparación correspondiente deberá realizarse bajo la dirección del Instituto competente.

Por: Redacción

Integración del monto de la inversión en activos fijos que debe deducirse a tasas anuales

Podrá suceder que al adquirir algún activo fijo indebi­damente deduzcamos en un solo ejercicio los gastos relacionados con esa adquisición, al no considerar que el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dispone que el monto origi­nal de la inversión, es decir, el monto que podemos deducir a tasas anuales, comprende:

1. El precio del bien.

2. Los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excep­ción del impuesto al valor agregado.

Las erogaciones por concepto de:

3. Derechos.

4. Cuotas compensatorias.

5. Fletes.

6. Transportes

7. Acarreos.

8. Seguros contra riesgos en la transportación.

9. Manejo.

10. Comisiones sobre compras.

11. Honorarios a agentes aduanales.

El citado numeral dispone que tratándose de las in­versiones en automóviles el monto original de la in­versión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje, es decir, las erogaciones reali­zadas para la implementación de dicho equipo no se podrán deducir de forma inmediata como si se tratara de un gasto sino también en porcentajes anuales.

En resumen, consideremos que el monto sujeto a de­ducción cuando adquirimos un activo fijo no solo está representado por el precio que pagamos por él sino que se compone con todos aquellos gastos en que incurrimos hasta dejarlo instalado.

Por: Redacción