Proporcionalidad tributaria en materia del ISR a cargo de las personas físicas

La fracción IV del artículo 31 Constitucional estable­ce que las contribuciones deben ser proporcionales, lo cual significa que quienes más tienen más deben pagar y en función de su capacidad contributiva.

Las personas físicas determinan el impuesto sobre la renta a su cargo con base en las tarifas de los ar­tículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 96, para efectos de sus pagos mensuales, y 152 para los fines de la determinación de su impuesto anual.

En virtud de que las cuotas y los porcentajes de esas tablas no aumentan en la misma proporción en que aumentan los ingresos, un contri­buyente se pretendió amparar alegando la inexisten­cia de proporcionalidad, considerando que si bien los que más perciben más pagan, lo hacen en demasía pues no hay una relación directa entre ingreso y pro­porción de impuesto. No obstante, la Suprema Cor­te de Justicia de la Nación declaró la improcedencia considerando que:

“Lo cierto es que quienes se encuentran en un ran­go inferior pagan menores impuestos que quienes se encuentran en el rango superior, en tanto que la diferencia entre un rango y otro se encuentra compensada con la cuota fija establecida. En ese sentido, el principio de proporcionalidad tributa­ria se cumple mediante el precepto, ya que quienes tienen mayores bienes económicos pagan mayores impuestos, y el hecho de que el aumento no sea en la misma proporción, no resulta en la inconstitu­cionalidad del precepto, pues tal delimitación obe­dece a la libertad configurativa del legislador”.

Obligación de informar de las contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, así como en piezas de oro o de plata

La fracción XV del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la obligación de las personas morales de informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Misma obligación se establece a las personas morales con fines no lucrativos respecto de los donativos que reciben en efectivo, según lo precisa la fracción VII del artículo 82 del mismo ordenamiento.

El artículo 112 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos hace, respecto de la obligación señalada, tres precisiones:

1.- Los contribuyentes deberán informar el monto de las contraprestaciones o donativos recibidos, según se trate en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata, si al incluir los impuestos correspondientes, supera los referidos cien mil pesos.

2.- El informe se presentará cuando se efectúe respecto de una misma operación uno o varios pagos o donativos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o bien, en piezas de oro o plata, y que la suma de ellos supere los cien mil pesos, remitiéndose dicho informe a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquél en el que se rebase el monto señalado.

3 Los contribuyentes que reciban contraprestaciones o donativos, donde una parte sea en efectivo, en piezas de oro o de plata, y otra parte se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas operaciones cuando lo recibido por concepto de contraprestación o donativos en efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de cien mil pesos dentro de un mismo mes, no considerando para efectos del monto citado lo cubierto con otras formas de pago.

Del numeral 2 antes referido se desprende que los cien mil pesos deben considerarse respecto de operaciones individuales y no de montos de varias operaciones acumulados, pues los artículos 76 y 82 referidos, señalan que se debe cumplir con la obligación a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación. Es probable que una operación sea superior a cien mil pesos pero cubierta en varias exhibiciones, y es por ello que se precisa que en tal caso sí se debe cumplir la obligación de informar.

Las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, las que arriendan inmuebles y las que enajenan bienes inmuebles, también deben cumplir con la obligación antes señalada, según lo establecen la fracción V del artículo 118, la fracción V del artículo 119 y el artículo 128, todos ellos de la ley citada, motivo por el cual, el artículo 161 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala lo mismo que lo dispuesto por el artículo 112 en los tres numerales antes señalados, pero aplicables para este tipo de contribuyentes.

Por: Redacción

¿Deben los contribuyentes acumular a sus ingresos las subvenciones que les otorgan las entidades del sector público y son deducibles las erogaciones efectuadas con esos recursos?

De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se consideran ingresos acumulables, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. El citado numeral, aclara que los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto.

Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial.

La aclaración que hace el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es pertinente en cuanto a que las erogaciones que se realizan con los recursos recibidos del gobierno no son deducibles, pues sería un doble efecto económico en perjuicio de la hacienda pública no acumular los ingresos y sí deducir las erogaciones. Solo hace falta que el legislador aclare el tratamiento fiscal de aquellos ingresos percibidos del gobierno o de sus organismos descentralizados, que sí son acumulables por el hecho de no ajustarse a lo dispuesto en el párrafo anterior. Se entiende que en tal caso las erogaciones sí deben poder deducirse.

Una tesis que someramente trata este tema, es la siguiente:

Localización

Tesis: XI.1º.A.T.85 A (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 23 de noviembre de 2018, Décima Época, Tesis Aislada, Administrativa.

Rubro

RENTA. LAS SUBVENCIONES NO REPRESENTAN UN BENEFICIO SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DIRECTAMENTE CONTRA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO A CARGO, PORQUE DEBEN CONSIDERARSE UN INGRESO ACUMULABLE.

Texto

Las subvenciones son cantidades entregadas en efectivo o en bienes, con la finalidad de incentivar ciertas áreas productivas o de mercado para que los beneficiarios las utilicen en su operación o en sus activos, que no representan un beneficio susceptible de aplicarse directamente contra el pago de alguna contribución (renta) a cargo, porque aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé ciertos conceptos que no se considerarán acumulables, dentro de los cuales no hace referencia expresa a las subvenciones o apoyos económicos otorgados por el gobierno, por lo que tienen esa característica e, igualmente, la ley mencionada no condiciona a que las deducciones se realicen con recursos generados por la misma persona moral.

De manera que es legal que la autoridad hacendaria los estime un ingreso acumulable omitido, pues no sólo los ingresos que una sociedad obtenga por su actividad económica serán objeto del impuesto, debido a que la ley citada no señala limitantes específicas, ni acota las fuentes de las que el ingreso podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1 y 17 del propio ordenamiento, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos, y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, créditos, o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL

DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 930/2016. Noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera.

Por: Redacción

¿Qué procede con el ISR e IVA determinados presuntamente por la autoridad fiscal?

En ocasiones, por cualquier circunstancia, dejamos de presentar alguna declaración en la cual tenemos impuesto a cargo, y, derivado de ello, la autoridad nos determina un crédito fiscal, fundamentando esa determinación en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. El crédito, nos lo determina en cantidad igual al monto mayor pagado en una declaración anterior. Dado que es un crédito fiscal estimado, posteriormente, al determinarlo nosotros correctamente, resulta que el monto realmente adeudado es mayor al monto estimado enterado y entonces nos preguntamos si el pago estimado es acreditable contra el monto real y cómo sería esto. Veamos.

El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación precisa que después de tres requerimientos al contribuyente para que presente una declaración, las autoridades fiscales pueden hacerle efectiva a él o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Señala que la cantidad pagada no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

El artículo citado, también dispone que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, es decir, por ejemplo, cuando se conoce la cantidad de ingresos gravados para efectos del IVA y la tasa que es aplicable (en este caso 16%), la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste (es decir al contribuyente) le corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. En este caso no hay una estimación de la contribución con base en el monto mayor pagado en cualquiera de las últimas seis declaraciones, sino que se trata de la determinación del impuesto causado.

Recordemos que el tercer párrafo del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

Las cantidades pagadas con base en el monto estimado por parte de la autoridad son acreditables. Es el referido artículo 41 el que señala que si el contribuyente presenta una declaración con los datos reales después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una canti­dad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.