La verdadera intención de que se obligue a asesores fiscales a revelar esquemas reportables

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales han detectado diversos actos o actividades realizadas por los contribuyentes y que son producto de una indebida planeación fiscal, los cuales han tenido la finalidad de evadir o eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, fundamentalmente las sustantivas, referidas estas al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, es decir, las que están relacionadas con los montos de las contribuciones a pagar. En función de ello, se establece para 2020 la obligación de los asesores fiscales de reportar los esquemas de operación que puedan implicar una lesión a la hacienda pública. Es por ello que con las obligaciones derivadas de lo que son los esquemas reportables, se adicionó al Código Fiscal de la Federación un Título Sexto denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, con un Capítulo Único que comprende los artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202;  y en los artículos 82-A a 82-D del mismo ordenamiento, se establecen las infracciones y multas por el incumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a este nuevo Título, las cuales pueden ir desde $ 50,000.00 hasta $ 2,000,000.00, dependiendo el tipo y la gravedad de la infracción. Parece ilógico que se establezca la obligación de reportarle a la autoridad hacendaria las “estrategias fiscales” sabiéndose de antemano que se trata de prácticas fiscales indebidas. En realidad, las disposiciones no tienen de fondo la finalidad de que se le reporten, sino de establecer una responsabilidad solidaria al asesor fiscal, y con ello inhibir que se implementen. Resulta entonces también ilógico, que se suponga que si un contribuyente implementa una práctica fiscal indebida y sabiendo que lo es, se la vaya a reportar a la autoridad exactora.

Por: Redacción

La nueva facturación inmediata

Como sabemos, lo que se ha denominado “facturación inmediata” o “facturación automática” es un procedimiento optativo, en una primera etapa, para el contribuyente. Este debe decidir al pagar con su tarjeta de crédito o de débito si quiere generar su factura en ese momento, proporcionando su Registro Federal de Contribuyentes, el cual queda asociado a la tarjeta. Con ello, la terminal punto de venta imprime un recibo que contiene un código QR. La factura queda disponible en el Portal del SAT, escaneando el código QR impreso en el comprobante. La factura inmediata le sirve al fisco federal para la determinación de lo que el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta define como “discrepancia fiscal”. Dicho numeral precisa que:

“Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar.”

Entonces, la facturación inmediata le ayuda a la autoridad exactora a determinar qué cantidad de egresos tiene el contribuyente haciendo uso de su tarjeta de crédito. Posteriormente, comprobará a través de las instituciones de crédito, que cantidad de depósitos hizo aquel para el pago de su tarjeta y, si la cantidad de egresos es mayor que la cantidad de ingresos declarados, determinará la discrepancia referida. Claro que la discrepancia fiscal se determina no sólo a partir de los pagos con tarjeta y depósitos para cubrir el crédito, pero, es uno de los elementos que sirven para tal efecto.

La autoridad fiscal considera para determinar una discrepancia fiscal, los elementos siguientes, los cuales considera como erogaciones:

1. Gastos

2. Adquisiciones de bienes

3. Depósitos en cuentas bancarias

4. Inversiones financieras.

5. Pago a tarjeta.

Estos 5 elementos, puede decirse que son dinero ocupado por el contribuyente, los cuales debió cubrir con sus ingresos, los cuales compara la autoridad contra los declarados ¿De dónde gastó, adquirió, depositó, invirtió o gastó el contribuyente 100, si solo declaró ingresos de 80? Eso es lo que se pregunta la autoridad hacendaria.

Por: Redacción

Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México

La fracción II del artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la renta señala, entre otros supuestos, que estarán obligados al pago de ese impuesto, en nuestro país:

“II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente”.

En ese supuesto de ley, encontramos que es la existencia de establecimiento permanente en México, lo que hace que una persona, física o moral, residente en el extranjero, sea contribuyente en nuestro país. Obsérvese que la definición no es hacia extranjeros, sino a residentes en el extranjero. Un mexicano podría encontrarse en esta figura de ser “residente en el extranjero”.

De acuerdo con lo señalado, es importante precisar qué debemos entender por establecimiento permanente.

El artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta fue destinado por el legislador para establecer qué es y en qué casos se considera que una persona, física o moral, tiene establecimiento permanente en México, lo cual la hará ser sujeto del impuesto en nuestro país.

Establecimiento permanente

El aludido artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, define al establecimiento permanente como:

“Cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales independientes”.

De acuerdo con la definición antes mostrada, establecimiento permanente es un “lugar de negocios” y, consecuentemente, en sentido inverso, cualquier lugar de negocios, será un establecimiento permanente.

El artículo nos da ejemplos de manera enunciativa pero no limitativa, de lo que se considera establecimiento permanente o lugar de negocios:

“Las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales”.

Excepción al lugar de negocios cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente.

Hay una excepción a la figura de lugar de negocios (o establecimiento permanente, como quiera llamársele) como supuesto de ubicación en el carácter de contribuyentes, la cual se señala en el artículo 2 que ya hemos referido. Este numeral, en su párrafo segundo, precisa que cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará que tiene un establecimiento permanente en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para él, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona física o moral ejerce poderes para celebrar contratos a su nombre o por su cuenta tendientes a la realización de las actividades de aquel, en México.

Es entonces la extensión del poder del residente en el extranjero a través de un tercero de la facultad de celebrar contratos tendientes a la realización de las actividades en México, lo que hace que se le considere contribuyente en nuestro país.

Por: Redacción

Prohíben a jueces permitir compensación en impuestos

La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones para que los contribuyentes puedan seguir aplicando la llamada compensación universal en el pago de impuestos.

Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte resolvió que estas suspensiones no proceden, porque la aplicación indiscriminada de la compensación puede dar lugar a fraudes fiscales.

La jurisprudencia de la Corte está vigente a partir del 9 de agosto, y sólo se refiere a la suspensión, es decir, el Poder Judicial aún tendrá que resolver el tema de fondo, que es aclarar si fue Constitucional eliminar esta figura.

Los ministros tuvieron que resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito, muchos de los cuales otorgaron suspensiones en el primer trimestre del año para seguir aplicando la compensación, por considerar que no se afectaba el interés público.

“El efecto (de la suspensión) se traduciría en permitir al quejoso compensar indistintamente los saldos a su favor, sin que la autoridad fiscal pueda pronunciarse sobre la procedencia de los saldos objeto de la compensación (dado que basta la presentación del aviso respectivo), lo cual permitiría la utilización indebida de ese mecanismo de extinción de obligaciones para generar una defraudación”, resolvió la Corte, con el Ministro Alberto Pérez Dayán como único disidente.

Los tribunales colegiados a favor de la suspensión afirmaban que la compensación universal sigue prevista en el Código Fiscal y la Ley del IVA, y que permitirla mientras se resuelven los amparos no afecta la recaudación.

“No puede estimarse que el otorgamiento de la suspensión prive de un provecho concreto y generalizado a la sociedad, pues la norma que se reclama versa sobre el ejercicio del derecho a recuperar cantidades que a su favor tiene un contribuyente, lo que en modo alguno incide con la recaudación ni con las facultades de comprobación”, afirmó el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado Administrativo en la Ciudad de México.

Entre las empresas que promovieron amparos por esta reforma, aplicada en la Ley de Ingresos de 2019, destacan Ferromex, Grupo Salinas y todas sus filiales, Herdez, Cinépolis, Chedraui, Nestlé, Grupo Posadas y Bayer, por mencionar algunas, pero también se ampararon decenas de razones sociales de aparentes empresas de papel, sobre las que no hay registro alguno de actividades reales.

La eliminación de la compensación a partir de 2019, provocó una caída de 50 por ciento en recaudación por servicios financieros y seguros durante el primer semestre del año, así como un incremento de 32 por ciento en las devoluciones de IVA, pues ya no se pueden compensar los saldos a favor por este impuesto para descontarlos del pago de otros, como el ISR.

Por: Víctor Fuentes