Prescripción y caducidad en materia fiscal

El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que un crédito fiscal se extingue por pres­cripción en el término de cinco años.

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos (de revocación o nulidad).

El artículo referido dispone que el término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Aclara que se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

El mencionado artículo 146 establece que cuando se suspende el procedimiento administrativo de ejecu­ción, también se suspende el plazo de la prescripción y que asimismo, se interrumpirá dicho plazo cuan­do el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio co­rrespondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

La declaratoria de prescripción de los créditos fisca­les puede realizarse de oficio, es decir, por voluntad de la autoridad recaudadora, o bien debe mediar pe­tición del contribuyente.

En antecedentes jurídicos de nuestros tribunales, se han efectuado importantes reflexio­nes sobre los conceptos de prescripción y caducidad en materia fiscal.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrati­va del Primer Circuito bien ha precisado que: cuando en ley se establece que la prescripción se inicia a partir de la fecha “en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos”, está in­dicando que a partir del momento en que la autoridad puede legalmente proceder a exigir el crédito, por la falta de pago oportuno y espontáneo, corre la pres­cripción de la obligación de pagarlo, independiente­mente de que la autoridad haya dado o no, algún paso tendiente a su determinación y cobro; y que a partir de los actos que para esos efectos haya realizado (y notificado), se reanuda el correr del propio término de prescripción. Sería ilógico pensar que el término para la prescripción de un crédito no empieza a correr sino hasta el momento en que el fisco lo notifica al causan­te, pues esto contradiría radicalmente los objetivos de la prescripción, que son el dar seguridad jurídica a las relaciones entre el fisco y los obligados de manera que la amenaza del cobro no se cierna indefinidamente sobre éstos. Por lo demás, la prescripción de la obli­gación de pagar un adeudo fiscal […], y la caducidad de las facultades del fisco para liquidar obligaciones fiscales o dar las bases para su liquidación […], son cosas que pueden correr simultánea o sucesivamente, según las características del caso, sin que pueda de­cirse que la obligación del causante de pagar no pue­da empezar a prescribir mientras las autoridades no liquiden o les caduque la facultad para hacerlo. En un caso lo que desaparece legalmente es la obligación del causante de pagar, aunque si decide hacerlo no se trataría de un pago de lo indebido. Y en el otro caso lo que desaparece legalmente es el derecho del fisco a dar bases para liquidar un crédito. O sea que los objetos de ambas instituciones (prescripción y caducidad) son diferentes en uno, una obligación del causante, y en otro, una facultad del fisco.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 97-102, pá­gina 327. Amparo directo 627/72. Armando Landeros Gallegos. 29 de enero de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Genealogía. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 19, página 40.

(La aclaración en paréntesis es nuestra).

Proporcionalidad tributaria en materia del ISR a cargo de las personas físicas

La fracción IV del artículo 31 Constitucional estable­ce que las contribuciones deben ser proporcionales, lo cual significa que quienes más tienen más deben pagar y en función de su capacidad contributiva.

Las personas físicas determinan el impuesto sobre la renta a su cargo con base en las tarifas de los ar­tículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 96, para efectos de sus pagos mensuales, y 152 para los fines de la determinación de su impuesto anual.

En virtud de que las cuotas y los porcentajes de esas tablas no aumentan en la misma proporción en que aumentan los ingresos, un contri­buyente se pretendió amparar alegando la inexisten­cia de proporcionalidad, considerando que si bien los que más perciben más pagan, lo hacen en demasía pues no hay una relación directa entre ingreso y pro­porción de impuesto. No obstante, la Suprema Cor­te de Justicia de la Nación declaró la improcedencia considerando que:

“Lo cierto es que quienes se encuentran en un ran­go inferior pagan menores impuestos que quienes se encuentran en el rango superior, en tanto que la diferencia entre un rango y otro se encuentra compensada con la cuota fija establecida. En ese sentido, el principio de proporcionalidad tributa­ria se cumple mediante el precepto, ya que quienes tienen mayores bienes económicos pagan mayores impuestos, y el hecho de que el aumento no sea en la misma proporción, no resulta en la inconstitu­cionalidad del precepto, pues tal delimitación obe­dece a la libertad configurativa del legislador”.

Entra en vigor reforma que regula el teletrabajo en México

  • Las disposiciones son para las personas trabajadoras que desarrollen más del 40% del tiempo sus actividades en casa o en el domicilio elegido por éstas
  • La LFT contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo y deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras

Este martes entran en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home office, así como las obligaciones que tanto empleadores como las y los trabajadores deben cumplir. A partir de hoy se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo.

Dichas disposiciones serán para aquellas relaciones laborales que se desarrollen en más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta.

Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalló que las condiciones del teletrabajo deben establecerse en un convenio por escrito, pactado por las partes y tiene un principio de reversibilidad, es decir, la posibilidad de establecer que no es conveniente y que pueda solicitarse el regresar a una modalidad presencial.

Resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo, en el caso de que este exista en la empresa; por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito, personal o colectivamente.

Entre las nuevas obligaciones para las empresas se encuentran:

  • Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por ejemplo: el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
  • Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.
  • Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
  • Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras.
  • Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social.
  • Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación y seguridad social.
  • Se deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras.

Mientras que las responsabilidades de las y los trabajadores son:

  • Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.
  • Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.
  • Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.

La Secretaría del Trabajo emitirá la Norma Oficial Mexicana (NOM), de cumplimiento obligatorio, para regular aspectos de seguridad y salud en esta modalidad.

El derecho a la devolución de un saldo a favor por pago de lo indebido

Los saldos a favor de los contribuyentes, por sobre los intereses de la autoridad hacendaria, se pueden suscitar por dos razones:

  1. Por pagos provisionales en exceso respecto del impuesto anual causado.
  2. Por pagos indebidos, es decir, que no obstante que no existía obligación de pago por error se efectuó.

Cualquiera que sea la razón de la existencia de un saldo a favor, ello representa un crédito fiscal para la autoridad exactora y así como el contribuyente que realiza pagos de manera extemporánea se encuentra obligado a pagar actualización y recargos, de igual manera aquella debe cubrir en favor de este tales accesorios.

Se tenía la duda si respecto a saldos a favor por pago de lo indebido debía la autoridad pagar actualización y recargos, quizá en la consideración de que no era una causa inherente a ella que se hubiera efectuado de manera errátil dicho pago, no obstante, desde agosto de 2012 y hasta la fecha, en un comunicado de prensa que vale la pena recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya había informado que sentenció que el pago de accesorios es obligatorio para la autoridad hacendaria, independientemente de la naturaleza del saldo a favor. Veamos el documento aludido.

 

México D.F., a 29 de agosto de 2012

DERECHO A DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ENTERADAS CUANDO CONTRIBUYENTES REALICEN PAGOS INDEBIDOS AL FISCO FEDERAL

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 630/2012, estimó que de la interpretación al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2011, se desprende que en aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen pagos al fisco federal y, posteriormente, se determine que el pago fue indebido, éstos tienen derecho a la devolución de las cantidades enteradas, a la respectiva actualización y, además, al interés que generó dicha cantidad al encontrarse en manos del tesoro público de forma incorrecta.

En el caso, a la empresa aquí quejosa se le determinó un crédito fiscal, razón por la cual interpuso juicio de nulidad y, al mismo tiempo, a fin de detener la generación de intereses pagó la totalidad del crédito. Interpuestos varios recursos la autoridad fiscal resolvió que era procedente devolverle el pago de lo indebido y sus intereses. Inconforme, la autoridad hacendaria promovió recurso de revisión, en él se determinó improcedente el pago de intereses.

La empresa promovió amparo, mismo que se le negó y, por tanto, interpuso el presente recurso de revisión.

Al conceder el amparo a la empresa quejosa, la Primera Sala enfatizó que la correcta interpretación que debe darse a la norma para que sea acorde con la Constitución, es que tanto los contribuyentes que presenten una solicitud de devolución como aquellos que tienen derecho a la devolución por haber obtenido una resolución favorable a través de un medio de defensa (se trata de contribuyentes que pagaron el crédito determinado), cuentan con el derecho al pago de los intereses respectivos.

Fortalece lo anterior, el propio señalamiento del citado artículo 22, al establecer que cuando el pago de lo indebido haya sido determinado por la autoridad, el pago de los intereses será a partir del pago del crédito fiscal. Lo cual corrobora, que la interpretación acorde al texto constitucional es la aquí referida.

Por lo expuesto, estamos ante un supuesto en el cual existe un actuar negligente de la autoridad, el cual así es reconocido por el medio de impugnación interpuesto, en el cual se resuelve que el particular no tiene por qué cubrir el importe del crédito fiscal determinado y que al haber efectuado el pago del mismo, éste se convierte en un pago de lo indebido y, por ende, genera los accesorios antes mencionados.