Efecto de las notificaciones indebidas en la prescripción de créditos fiscales

El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que un crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años; término que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido por la autoridad al contribuyente.

La prescripción se puede oponer como excepción en los recursos administrativos, es decir, esencialmente en el procedimiento de revocación, o a través del juicio contencioso administrativo. Dicho de manera sucinta, en ambas instancias, se puede argumentar respecto de un crédito fiscal que se le pretende cobrar al contribuyente, que el derecho de la autoridad a cobrarlo ya prescribió.

El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor (autoridad exactora) notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

Un procedimiento administrativo de ejecución (es decir, aquel en el cual la autoridad exactora pretende embargar bienes del contribuyente) puede suspenderse cuando se acredita la impugnación del crédito y se garantiza el interés fiscal. Respecto de ello, el referido artículo 146 precisa que en tanto se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, también se suspenderá el plazo de la prescripción.

Según lo señala el referido artículo 146, también se suspende el plazo de prescripción de un crédito fiscal cuando el contribuyente ha desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido.

Cuando la notificación del acto por parte de la autoridad es ilegal, por no ajustarse a la normatividad establecida para las notificaciones, no debe considerarse realizada la gestión, por ser jurídicamente inexistente y por lo tanto, en tal caso no se suspende el plazo de prescripción. Respecto de ello hay una tesis jurisprudencial que lo confirma.

Localización

Tesis: 2ª/J 198/2009. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.

Tomo XXX Diciembre 2009, página 306. Materia: Jurisprudencia Administrativa.

Rubro

NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO O GESTIÓN DE COBRO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Texto

En términos de la disposición legal de mérito, el plazo de 5 años para que opere la prescripción de las facultades de las autoridades para hacer efectivos créditos fiscales, inicia a partir de la fecha en que el pago de éstos pudo ser legalmente exigido, y se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor; o, por el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito.

En ese sentido, cuando no pueda acreditarse de manera fehaciente que el deudor tuvo pleno conocimiento de la existencia del crédito, y la gestión de cobro no se notificó con las formalidades exigidas, dando lugar a que se declare la nulidad de dicha notificación, ésta no surte efecto jurídico alguno, por lo que se entiende que el contribuyente no conoció tal acto. Por tanto, esa diligencia no puede tomarse en consideración para la interrupción del plazo de la prescripción a que alude el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues es precisamente la notificación la que genera certeza de las gestiones que lleva a cabo la autoridad hacendaria para hacer efectivo un crédito.

El cobro coactivo

Hay ocasiones en las que de manera coactiva, las autoridades le cobran un crédito fiscal al contribuyente y este interpone un medio de defensa en contra de ello alegando la prescripción. Si la resolución le favorece, el monto pagado adquiere la naturaleza de pago de lo indebido y por lo tanto le son aplicables a este las normas generales de devolución o compensación inherente a cualquier otro tipo de pago de lo indebido, según tesis aislada que así lo sostiene y que se muestra a continuación.

Localización

Tesis: I.16o.A.28 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV. Décima Época, pág. 3105. Tesis aislada administrativa.

Rubro

PAGO DE LO INDEBIDO. LO CONSTITUYE EL REALIZADO COMO CONSECUENCIA DE UN CRÉ-

DITO FISCAL RESPECTO DEL CUAL SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LOS ACTOS DE SU PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR ACTUALIZARSE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE COBRO DE LA AUTORIDAD Y, POR TANTO, ES SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Texto

De conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la prescripción implica un pronunciamiento sobre el derecho sustantivo de los gobernados, para lo cual éstos puedan solicitar su declaratoria, ya sea vía acción ante las propias autoridades fiscales, cuando no se ha cobrado el crédito fiscal, o bien, vía excepción, cuando éste pretenda cobrarse, por los medios de defensa correspondientes. En ese sentido, si el alcance de la declaratoria de nulidad de los actos del procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal por actualizarse la prescripción de las facultades de cobro de la autoridad, se traduce en que el actor obtiene la satisfacción absoluta de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal; es decir, esa declaratoria provoca la insubsistencia plena de la resolución impugnada, ante la ilegalidad de dichas facultades, ello implica que el pago realizado por el particular como consecuencia del crédito, constituye un pago de lo indebido susceptible de devolución, en términos del artículo 22, cuarto párrafo, del código mencionado.

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

¿Qué procede con el ISR e IVA determinados presuntamente por la autoridad fiscal?

En ocasiones, por cualquier circunstancia, dejamos de presentar alguna declaración en la cual tenemos impuesto a cargo, y, derivado de ello, la autoridad nos determina un crédito fiscal, fundamentando esa determinación en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. El crédito, nos lo determina en cantidad igual al monto mayor pagado en una declaración anterior. Dado que es un crédito fiscal estimado, posteriormente, al determinarlo nosotros correctamente, resulta que el monto realmente adeudado es mayor al monto estimado enterado y entonces nos preguntamos si el pago estimado es acreditable contra el monto real y cómo sería esto. Veamos.

El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación precisa que después de tres requerimientos al contribuyente para que presente una declaración, las autoridades fiscales pueden hacerle efectiva a él o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Señala que la cantidad pagada no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

El artículo citado, también dispone que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, es decir, por ejemplo, cuando se conoce la cantidad de ingresos gravados para efectos del IVA y la tasa que es aplicable (en este caso 16%), la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste (es decir al contribuyente) le corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. En este caso no hay una estimación de la contribución con base en el monto mayor pagado en cualquiera de las últimas seis declaraciones, sino que se trata de la determinación del impuesto causado.

Recordemos que el tercer párrafo del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

Las cantidades pagadas con base en el monto estimado por parte de la autoridad son acreditables. Es el referido artículo 41 el que señala que si el contribuyente presenta una declaración con los datos reales después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una canti­dad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Obligación de los bancos de informarle al SAT los datos de contacto de sus cuentahabientes o socios

La regla 2.4.20., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, precisa que las entidades financieras (referidas en el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR), así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán obtener de sus cuentahabientes o socios que es­tén inscritos en el RFC, información relacionada con domicilio, correo electrónico y número de teléfono, mismos que proporcionarán al SAT, en los términos que señala la ficha de trámite 185/CFF “Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entida­des Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)”.

El artículo Cuadragésimo Noveno Transitorio de la Resolución Miscelá­nea Fiscal 2020 señala que la obligación antes referida, no será aplicable para los casos en los que las entidades financieras y las SOCAP, hubieran recabado los datos de sus cuentahabientes o socios, antes de la entrada en vigor de la referida regla.

En consecuencia, la información recabada con anterioridad a la men­cionada vigencia será proporcionada conforme a lo establecido en la ficha de trámite “185/CFF Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entidades Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).” vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

El envío de la información que señalan los párrafos primero y segun­do del presente transitorio deberá ser entregada durante los primeros seis meses del ejercicio de que se trate.

La mencionada ficha de trámite señala lo siguiente:

 185/CFF. Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entidades Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)

 

¿Quiénes lo presentan?

Las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).

¿Dónde se presenta?

En el Portal del SAT

¿Qué documento se obtiene?

– Acuse de respuesta.

– Estadístico de los resultados de los cuentahabientes personas físi­cas y morales verificados.

– Detalle del resultado de la verificación de los datos de los cuenta­habientes personas físicas y morales que estén verificados.

¿Cuándo se presenta?

Cuando las Entidades Financieras y SOCAPS tengan cuentaha­bientes o socios sin verificar, de manera mensual cuando existan cuentahabientes o socios nuevos, o bien a petición del SAT.

 Requisitos:

– Recibir el oficio de solicitud del SAT para dar respuesta al proceso de verificación de datos.

– Generar el archivo a proporcionar al SAT conforme a lo estableci­do en las especificaciones técnicas.

Condiciones:

Sólo se recibirá la información que sea presentada con el usuario de Mi Portal de la Entidad Financiera.

Información adicional:

Para poder cumplir con tus requisitos toma en cuenta lo siguiente:

– Consulta las especificaciones técnicas para la verificación de da­tos de los cuentahabientes de las Entidades Financieras y Socieda­des Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) para conocer el esquema de operación.

– Los archivos a enviar a la autoridad, es necesario que sean de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la verificación de da­tos de los cuentahabientes de las Entidades Financieras y Socieda­des Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).

Aplicación de la facilidad para el pago de créditos fiscales por una entidad federativa como ayudante de sus entes públicos

La Resolución Miscelánea Fiscal faculta a que las Entidades Federativas a realizar el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos por los entes públicos sobre los cuales ejer­za control presupuestario, siempre que tales entidades cuenten con la aprobación que emita el congreso del Estado, la cual permita disponer de los recursos para los efectos referidos, y se cuente con la corres­pondiente publicación en la gaceta legislativa o periódico oficial en tér­minos de las leyes locales que correspondan, misma que se deberá adjuntar a la presentación del aviso en términos de la ficha de trámite 293/CFF “Aviso para realizar el pago del crédito fiscal a cargo de un ente público”. Lo anterior, sin perjuicio de haberse iniciado el procedi­miento administrativo de ejecución en contra del ente público, el cual será suspendido una vez que se realice el pago total de la deuda.

Asimismo, en el caso de existir créditos fiscales controvertidos, el ente público deberá desistirse de las instancias legales ejercidas antes de la presentación del citado aviso.

Se señala que se entenderá por “entes públicos de la entidad federa­tiva”, lo señalado en la fracción IX del artículo 2, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual se re­fiere a:

  1. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Munici­pios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entida­des Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisio­nes o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías;

La fracción X del citado artículo señala como Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México.

Por: Redacción