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Alcance de los convenios de colaboración en materia fiscal entre el Gobierno, Estados y Municipios

El artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal Federal dispone que esta tiene como finalidad coordinar el sistema fiscal de la Fede­ración con las Entidades Federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para es­tablecer la participación que corresponda a sus ha­ciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de co­laboración administrativa entre las diversas autorida­des fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. El numeral citado, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos mediante la distribución de los fondos constituidos para tales efectos.

La planeación nacional tiene como uno de sus obje­tivos impulsar la actividad económica, social, política y cultural del país. El Sistema Nacional de Coordina­ción Fiscal tiene la finalidad de organizar acciones conjuntas en relación con la administración de las finanzas públicas del país.

El Gobierno Federal y las entidades federativas lle­van a cabo convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal con la finalidad de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor autono­mía financiera de las entidades federativas y munici­pios; las entidades federativas y los municipios son parte actuante de la administración tributaria nacio­nal a través del esquema de coordinación fiscal.

Las entidades federativas participan en la adminis­tración de los impuestos. La colaboración adminis­trativa no solo se da respecto a las actividades de recaudación de los impuestos sino también respecto del ejercicio de diversas facultades para la debida administración de todos los ingresos coordinados, ta­les como, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular; de­terminar y notificar a los contadores públicos registra­dos las irregularidades de su actuación profesional, y las relativas al cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Las entidades también participan en los programas de intercambio de padrones y registros de contribu­yentes; de actualización en la captura de los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, y del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto de la Clave Única de Registro de Población, en los trámites de los contribuyentes.

Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación

El artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal dis­pone que:

“El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de adminis­tración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, re­caudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente.

En los referidos convenios se especificarán los ingre­sos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se pu­blicarán en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se es­tablezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Federación o la Entidad podrán dar por termina­dos parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y ten­drá efectos conforme al párrafo anterior.

En los convenios señalados en este precepto se fija­rán las percepciones que recibirán las Entidades o sus Municipios, por las actividades de administración fis­cal que realicen”.

Dentro de las actividades coordinadas se encuentra la relativa a la aplicación del procedimiento adminis­trativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales determinados por la Federación, previamen­te acordados entre ésta y la entidad;

En los casos en que una entidad inicia el ejercicio de las facultades de comprobación y debido al cambio de domicilio fiscal del contribuyente a otra entidad esta última continúe con dicho ejercicio, los incenti­vos para la entidad se perciben de conformidad con la normatividad que para el efecto emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si el contribuyente paga contribuciones el mismo día que se le deja el citatorio para notificar la orden respectiva o bien en que le fue notificado el acto de fiscalización, la enti­dad percibirá los incentivos siempre que desahogue los procedimientos que confirmen que el pago cubre adeudos fiscales, lo cual deberá constar en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en el ofi­cio de conclusión, según se trate;

Las entidades se hacen acreedoras a incentivos o participaciones del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado fir­mes, cuando tales entidades cumplen con el progra­ma operativo anual.

Las entidades también participan en las actividades de planeación, programación y evaluación de las ac­tividades de fiscalización.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a tra­vés del Servicio de Administración Tributaria está autorizada a ejercer su facultad de verificación, aun cuando la entidad se encuentre ejerciendo las facul­tades delegadas;

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propor­ciona a las Entidades un Código de Conducta que norma la actuación de las autoridades estatales en el ejercicio de las facultades delegadas. En caso de incumplimiento al citado código, la entidad aplica las medidas correctivas que correspondan;

Tratándose de sus propias resoluciones, la entidad puede interponer recurso de revisión ante el Tribu­nal Colegiado de Circuito competente, ello en función de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las entidades también pueden estar facultadas para tramitar y resolver los recursos de revocación e inter­venir en los juicios de nulidad.

Las labores de vigilancia de las entidades pueden estar encaminadas a asegurar el cumplimiento de obligaciones, de la expedición de comprobantes fis­cales, así como de que los envases o recipientes de bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete o precinto correspondiente.

En los convenios se ha hecho innecesario que se se­ñale expresamente que los servidores públicos que manejen fondos y recursos federales se encuentran sujetos a las disposiciones federales aplicables en materia de responsabilidades, pues el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi­canos ya establece dicha previsión;

Las facultades de las entidades federativas tratándo­se de sus actos de comprobación en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta y espe­cial sobre producción y servicios contemplan el ase­guramiento de bienes o negociaciones y la práctica del levantamiento del embargo precautorio.

El artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Fede­ral dispone que:

Las autoridades fiscales de las entidades que se en­cuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordina­ción Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales.”

No obs­tante, se señala que:

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos”.

El subsecuente artículo 15, precisa que:

“La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se establezca en los convenios o acuerdos respectivos.

Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secreta­ría, también directamente, hará el pago a las entida­des de las cantidades que les correspondan… (En el fondo de participaciones)… y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe acuerdo entre las partes interesadas, un pro­cedimiento de compensación permanente.

Las entidades coordinadas con la Federación en ma­teria de automóviles nuevos, deberán rendir cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos.

La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen por infla­ción y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de recargos que establez­ca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de contribuciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la en­tidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones […]”.

Según se observa, en los párrafos precedentes, las facultades de administración tributaria y fiscalización federales delegadas en las entidades federativas son amplias, aunque es menester señalar que deben cir­cunscribirse a lo que se establezca en cada convenio celebrado.

No es inconstitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delegue sus facultades de compro­bación del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes ni la administración y recaudación de los impuestos, pues según lo hemos comentado, la Ley de Coordinación Fiscal Federal la faculta para ello.

Por: Redacción

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