¿Deben los contribuyentes acumular a sus ingresos las subvenciones que les otorgan las entidades del sector público y son deducibles las erogaciones efectuadas con esos recursos?

De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se consideran ingresos acumulables, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. El citado numeral, aclara que los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto.

Las dependencias o entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial.

La aclaración que hace el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es pertinente en cuanto a que las erogaciones que se realizan con los recursos recibidos del gobierno no son deducibles, pues sería un doble efecto económico en perjuicio de la hacienda pública no acumular los ingresos y sí deducir las erogaciones. Solo hace falta que el legislador aclare el tratamiento fiscal de aquellos ingresos percibidos del gobierno o de sus organismos descentralizados, que sí son acumulables por el hecho de no ajustarse a lo dispuesto en el párrafo anterior. Se entiende que en tal caso las erogaciones sí deben poder deducirse.

Una tesis que someramente trata este tema, es la siguiente:

Localización

Tesis: XI.1º.A.T.85 A (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 23 de noviembre de 2018, Décima Época, Tesis Aislada, Administrativa.

Rubro

RENTA. LAS SUBVENCIONES NO REPRESENTAN UN BENEFICIO SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DIRECTAMENTE CONTRA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO A CARGO, PORQUE DEBEN CONSIDERARSE UN INGRESO ACUMULABLE.

Texto

Las subvenciones son cantidades entregadas en efectivo o en bienes, con la finalidad de incentivar ciertas áreas productivas o de mercado para que los beneficiarios las utilicen en su operación o en sus activos, que no representan un beneficio susceptible de aplicarse directamente contra el pago de alguna contribución (renta) a cargo, porque aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé ciertos conceptos que no se considerarán acumulables, dentro de los cuales no hace referencia expresa a las subvenciones o apoyos económicos otorgados por el gobierno, por lo que tienen esa característica e, igualmente, la ley mencionada no condiciona a que las deducciones se realicen con recursos generados por la misma persona moral.

De manera que es legal que la autoridad hacendaria los estime un ingreso acumulable omitido, pues no sólo los ingresos que una sociedad obtenga por su actividad económica serán objeto del impuesto, debido a que la ley citada no señala limitantes específicas, ni acota las fuentes de las que el ingreso podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1 y 17 del propio ordenamiento, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos, y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, créditos, o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL

DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 930/2016. Noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera.

Por: Redacción

¿Qué procede con el ISR e IVA determinados presuntamente por la autoridad fiscal?

En ocasiones, por cualquier circunstancia, dejamos de presentar alguna declaración en la cual tenemos impuesto a cargo, y, derivado de ello, la autoridad nos determina un crédito fiscal, fundamentando esa determinación en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. El crédito, nos lo determina en cantidad igual al monto mayor pagado en una declaración anterior. Dado que es un crédito fiscal estimado, posteriormente, al determinarlo nosotros correctamente, resulta que el monto realmente adeudado es mayor al monto estimado enterado y entonces nos preguntamos si el pago estimado es acreditable contra el monto real y cómo sería esto. Veamos.

El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación precisa que después de tres requerimientos al contribuyente para que presente una declaración, las autoridades fiscales pueden hacerle efectiva a él o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Señala que la cantidad pagada no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

El artículo citado, también dispone que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, es decir, por ejemplo, cuando se conoce la cantidad de ingresos gravados para efectos del IVA y la tasa que es aplicable (en este caso 16%), la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste (es decir al contribuyente) le corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. En este caso no hay una estimación de la contribución con base en el monto mayor pagado en cualquiera de las últimas seis declaraciones, sino que se trata de la determinación del impuesto causado.

Recordemos que el tercer párrafo del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.

Las cantidades pagadas con base en el monto estimado por parte de la autoridad son acreditables. Es el referido artículo 41 el que señala que si el contribuyente presenta una declaración con los datos reales después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una canti­dad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Inadecuado efecto de la deducción inmediata en el monto de los pagos provisionales de ISR

Respecto de las inversiones efectuadas entre septiembre de 2015 y diciembre de 2018, a los contribuyentes se les estableció la posibilidad de deducir sus inversiones en activos fijos en forma inmediata, esto según disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2016 y del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017. Sin embargo, en tales disposiciones se precisó que para determinar el coeficiente de utilidad con el cual se deben determinar los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, las personas morales contribuyentes:

“Adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción…”.

Para efectuar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta que les corresponden, las personas morales requieren determinar un coeficiente de utilidad, según lo establece el artículo 14 de la Ley que regula dicha contribución y conforme a lo antes señalado, por el último ejer­cicio de 12 meses, conforme a cualquiera de las dos fórmulas siguientes, según haya resultado en dicho ejercicio utilidad o pérdida fiscal.

Fórmula 1                          Fórmula 2

Utilidad fiscal                  (Pérdida fiscal)

Más:      Deducción                        Deducción

inmediata                          inmediata

Igual a: Total                                    Total

Entre:   Ingresos                             Ingresos

nominales                         nominales

Igual a: C o e f i c i e n t e d e u t i l i d a d

Para aplicar la fórmula 2, se requiere que la pérdida fiscal, más el efecto de la deducción inmediata, se convierta en utilidad fiscal, por ejemplo:

Pérdida fiscal                   $  (100)

Más:      Deducción inmediata  $   150

Igual a: Utilidad fiscal                  $ 50

Son inadecuadas las disposiciones

Las disposiciones fiscales debieran estable­cer que en aquellos casos en los que se efectúa de­ducción inmediata el coeficiente de utilidad conside­rara solamente la diferencia entre esta y la deducción a tasas normales. Veamos por qué:

Supongamos los datos abreviados del ejercicio fiscal 2018.

– Ingresos nominales $ 100,000

– Deducción inmediata $ 9,300

– Deducción a tasas normales $ 2,500

– Utilidad fiscal $ 20,000

Si en ese ejercicio de 2018 efectuamos la deducción inmediata, en sustitu­ción de la deducción normal de nuestras inversiones en activos fijos, el coeficiente de utilidad con los datos de ese año se determinaría como sigue:

Utilidad fiscal                  $    20,000

Más:      Deducción inmediata          9,300

Igual a: Total                               29,300

Entre:   Ingresos nominales       $ 100,000

Igual a: Coeficiente de utilidad    0.2930

Si hubiésemos efectuado deducción normal en susti­tución de la deducción inmediata nuestra utilidad fis­cal hubiera sido mayor, pero el coeficiente de utilidad menor. Veamos por qué:

Utilidad fiscal con deducción inmediata $ 20,000

Más:      Deducción inmediata                       9,300

Igual a: Utilidad fiscal sin deducción inmediata $   29,300

Menos: Deducción normal                                                   2,500

Igual a: Utilidad fiscal con deducción normal      $  26,800

Con estos datos, al considerar la deducción normal en sustitución de la deducción inmediata, el coefi­ciente de utilidad se determinaría como sigue:

Utilidad fiscal                  $    26,800

Entre:   Ingresos nominales  $ 100,000

Igual a: Coeficiente de utilidad    0.2680

La finalidad de que el legislador haya establecido que se debe sumar el monto de la deducción inmediata para determinar el coeficiente de utilidad, es que no se afecte dicho coeficiente con una deducción no co­mún, sino extraordinaria, sin embargo, dejó de consi­derar que, al contribuyente, derivado de su actividad normal, le corresponde un coeficiente de utilidad del 0.2680 según nuestro ejemplo. Lo que debió estable­cer es que el contribuyente sumara la diferencia en­tre la deducción normal y la inmediata, como sigue:

Deducción inmediata                  $ 9,300

Menos: Deducción a tasas normales      2,500

Diferencia                                         $ 6,800

Utilidad fiscal                                  $ 20,000

Más:      Diferencia entre

Deducción inmediata y

deducción normal                                 6,800

Igual a: Total                                         26,800

Entre:   Ingresos nominales             $ 100,000

Igual a: Coeficiente de utilidad          0.2680

Como se observa, de haberse establecido este pro­cedimiento el contribuyente determinaría sus pagos provisionales de impuesto sobre la renta con el coefi­ciente que efectivamente le corresponde de acuerdo con la normalidad de sus operaciones. Al no estatuir­se de esta manera ocurre como en muchos de los casos que se les otorga un beneficio a los contribu­yentes: hay en los estímulos fiscales que se otorgan un perjuicio colateral.

Lo antes explicado afectará a los contribuyentes que estén determinando sus pagos provisionales de impuesto sobre la renta con un coeficiente de utilidad que corresponda a los ejercicios fiscales 2015 a 2018. Por ejemplo, respecto de los pagos provisionales del ejercicio fiscal 2020, si a una persona moral se le suscitó una pérdida fiscal en 2019, debe considerar el coeficiente de utilidad de 2018 y así sucesivamente hacia atrás.

Por: Redacción

¿Cómo se declaran los ingresos por arrendamiento de un bien inmueble en copropiedad?

El artículo 92 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta precisa que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bie­nes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropieta­rios como representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las disposiciones fiscales, así como cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos.

Los copropietarios responderán solidariamente por el incum­plimiento del representante común.

El primer párrafo del artículo 199 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que los comprobantes fiscales que deben expedir las personas físicas que obtienen ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán reunir además de los requisitos generales que debe contener cualquier comprobante fiscal, el de señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de partici­pación inmobiliaria no amortizable. Por su parte, el subyacente segundo párrafo precisa que tratándose de ingresos derivados de bienes en copropie­dad, será el representante común quien expida los compro­bantes respectivos.

El quinto párrafo del artículo 142 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que los contribuyentes podrán nombrar a un representan­te común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de realizar el cálculo y entero de los pagos provi­sionales del Impuesto.

Por su parte, el artículo 145 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que tratándose de in­gresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o de la enajenación de bienes, cuando dichos bienes estén en copro­piedad deberán presentar sus declaraciones de pagos provi­sionales y del ejercicio, tanto el representante común como los representados, por la parte proporcional de ingresos que les correspondan. Para efectos del párrafo anterior, cada contribuyente po­drá deducir la parte proporcional de las deducciones relati­vas al periodo por el que se presenta la declaración.

Por: Redacción