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Una de cada cinco empresas, víctima de corrupción en México

 Una de cada cinco empresas, víctima de corrupción en México

La sociedad y las empresas mexicanas se enfrentan ante un cambio que demanda el mundo global, combatir la corrupción para impulsar el crecimiento económico.

Cada vez más países se suman a la lucha en contra de la corrupción, que no sólo lesiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y empresas, sino que obstruye el crecimiento económico, como lo indican muy diversos estudios a nivel global.

Mundialmente, la corrupción supone un costo entre los 1.5 y los 2 trillones de dólares al año, aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016. Esta cifra es 10 veces superior a la que se asigna para programas de asistencia social.

Transparencia Mexicana apuntó en 2016 que 14% del gasto de los hogares se destina a pagos extraoficiales. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción afecta en mayor medida a las personas con menos recursos, ya que limita el acceso a la justicia y a servicios de salud, lo que aumenta las tasas de mortalidad.

El sector empresarial se ve afectado por estos temas de forma directa y clara. La más reciente Encuesta sobre Delitos Económicos, arrojó que la malversación de activos, la corrupción y el soborno se mantienen en los primeros lugares de delitos económicos reportados en México en 2016, lo cual es consistente con los resultados mostrados en años anteriores.

En 2016, aproximadamente una de cada cinco organizaciones en México (21%) reportaron haber sufrido al menos un incidente de este tipo en los últimos 24 meses.

Menos corrupción, más prosperidad

El pago de sobornos hace que los recursos se desvíen hacia intereses privados, reduciendo inversión que podría destinarse al desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología, lo que mejoraría los niveles de competitividad de los países, como indica un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estados Unidos en 1977 estableció la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que considera sanciones a personas y entidades que realicen pagos, ofrezcan o prometan cualquier beneficio a oficiales de gobierno extranjeros para obtener beneficios, o retener negocios en forma inapropiada o ilícita. A partir de 1998, esta ley cobró mayor fuerza, con mayores implicaciones para las empresas, incluso para aquellas de otras naciones que coticen en las bolsas de valores estadounidenses.

Hacia un nuevo TLCAN

Dentro del documento recientemente presentado por el gobierno de Donald Trump, como puntos a renegociar en el Tratado de Libre Comercio se encuentra la corrupción, y considera tres aspectos muy importantes con respecto a los países adheridos al TLCAN:

Requerir la adopción o establecer requerimientos para que las compañías mantengan libros y registros precisos, que faciliten la detección e identificación de pagos corruptos.

Impulsar el establecimiento de códigos de conducta que fomenten altos estándares de ética entre los oficiales de gobierno.

Prohibir la deducción de pagos corruptos para efectos de impuestos.

Si bien estos cambios representan acciones básicas para el combate a la corrupción, tiene implicaciones enormes para las empresas. Por ejemplo, el mantenimiento de libros y registros precisos no es una obligación que claramente establezca la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que se puso en marcha como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Prevenir, la mejor opción

Ante el panorama actual y los crecientes esfuerzos globales por combatir la corrupción, no es suficiente cumplir con la regulación, lo ideal es adoptar estrategias más robustas que ayuden a prevenir este delito.

El contar con programas de cumplimiento efectivos, cobra aún mayor relevancia en México, en donde el riesgo de corrupción es muy alto y se encuentra latente en todos los sectores de la economía. Para fortalecer sus programas de cumplimiento, las organizaciones en México deben de obtener un buen entendimiento de las tendencias y esquemas de corrupción en el país, su industria y su ámbito específico de operaciones, para poder implementar controles adecuados que les permitan mitigar dichos riesgos.

Estos programas se deben diseñar a la medida de cada empresa, pero de manera general consideran puntos como: el compromiso de la alta dirección contra la corrupción, evaluación de riesgos, programas de gestión de relaciones con terceros, sistemas de denuncia, investigación y sanciones, entre otros.

Un aspecto importante ante los puntos manejados en la renegociación del TLCAN es que los programas de cumplimiento con base en mejores prácticas sí consideran el mantenimiento de libros y registros precisos, lo que implica un avance para las empresas que ya cuentan con un programa de este tipo.

Hoy en día, el Sistema Nacional Anticorrupción considera sanciones administrativas importantes para aquellas empresas que incurran en delitos de soborno y corrupción, entre otros, y que van desde sanciones económicas hasta la posible disolución de la empresa.

El combate a la corrupción es fundamental para hacer a México un país más competitivo, justo y transparente, además de ser una responsabilidad compartida entre gobierno, sector privado y sociedad. Conversemos sobre cómo fortalecer en este sentido a su negocio y hagamos juntos la diferencia.

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