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Por qué el SAT se encuentra obligado a guardar la confidencialidad de la información relacionada con el contribuyente

El primer párrafo del artículo 69 dispone que el per­sonal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributa­rias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministra­dos por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Esta reserva, según lo establece el artí­culo señalado, no comprende los casos que seña­len las leyes fiscales y aquellos en que deban sumi­nistrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fisca­les federales, a las autoridades judiciales en proce­sos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o cuando la información sirva para motivar las resoluciones de las autoridades fiscales.

La reserva menciona­da, tampoco comprende la información relativa a los créditos fiscales exigibles a los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las so­ciedades de información crediticia que obtengan au­torización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú­blico, ello, según se establece, de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, así como la que se proporcione para efec­tos de la notificación por conducto de terceros (a que se refiere el último párrafo del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación).

La reserva tampoco es aplicable tratándose de las in­vestigaciones sobre conductas previstas en el artícu­lo 400-Bis del Código Penal Federal*, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del IEPS, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

* Actos de una persona cometidos por sí o por in­terpósita persona por medio de los cuales: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cual­quier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o preten­der ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, lo­calización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

También es factible proporcionar a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto de la participación de los trabajadores en las utilida­des de las empresas contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de Adminis­tración Tributaria, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano descon­centrado.

Por: Redacción

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