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Legalidad tributaria y justicia

No siempre lo legal es justo y viceversa. Es legal lo que está en ley, independientemente de si es justo o no.

Cuando los auditores fiscales revisan los libros, registros, comprobantes o declaraciones de los contribuyentes, buscan omisiones que aumenten el monto de las contribuciones a cargo de estos, sin que les importe cual es la cantidad que en estricta justicia correspondería en función de las operaciones realizadas. Por ejemplo, si se omitió en la declaración un ingreso de $ 100,000.00 y asimismo se omitió un gasto de $ 100,000.00 (es decir, sin efecto financiero) sí consideran los $ 100,000.00 de ingreso pero no los $ 100,000.00 de gasto ¿No sería adecuado que al determinar contribuciones las autoridades determinaran lo que es justo y no lo que más les conviene? Tómese en cuenta que cualquier autoridad debe, en su competencia, aplicar la justicia con base en las leyes.

Pero, es de todos sabido que a la autoridad fiscalizadora antes que nada le interesa cobrar pues es su función social, lo demás, aun cuando fuera justo, no le es inherente. Y no es que la autoridad exactora lo quiera así, sino que así se lo mandatan las disposiciones fiscales.

El primer párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación dispone que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, pero, esta modificación podrá llevarse a cabo siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, una vez iniciadas estas, el contribuyente no podrá presentar por cuenta propia complementaria alguna y en consecuencia no podría hacer deducciones que no efectuó, disminución de ingresos u otros movimientos que reflejen de manera adecuada su situación fiscal. Hasta antes de ese inicio se pueden hacer los movimientos que se consideren correctos.

Al establecerse que se pueden presentar hasta 3 declaraciones complementarias siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, se está sobreponiendo el derecho de la autoridad respecto del derecho del contribuyente y para hacer menos equitativa la relación tributaria, el referido artículo precisa que no se limitará el derecho a presentar declaraciones complementarias, ni se estará constreñido al número de tres, cuando estas favorezcan a la hacienda pública, es decir, cuando se aumenten ingresos o se disminuyan deducciones, acreditamientos, compensaciones o pérdidas.

En ese favoritismo hacia la hacienda pública es comprensible, por ejemplo, que el tercer párrafo del artículo 57 y el último párrafo de la fracción I del artículo 109, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señalen que cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado; que el quinto párrafo del artículo 31 de la ley referida precise que las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente y que el contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos citados, pudiendo hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme y hasta que inicie la misma; que la fracción I del artículo 10 también del referido ordenamiento señale que cuando una persona moral contribuyente no acredite en un ejercicio contra el impuesto a su cargo el impuesto sobre dividendos que pagó, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado, etc.

En ese orden de ideas, viene resultando extraño que el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado precise que al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto efectuado por la autoridad, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben. Pues sí, aquí sí se permite acreditar montos previamente no acreditados.

Por: Redacción

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