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Fraudes en las empresas

Las personas morales legalmente constituidas, tie­nen personalidad jurídica propia e independiente a la de sus socios o accionistas. Por tal motivo, si en una sociedad se comete un fraude no solo la persona mo­ral puede promover querella en contra de quien lo co­metió, sino también cualquiera de los socios, pues se afectan sus intereses personales. Esto lo ha sosteni­do la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según nos lo dio a conocer en su comunicado de prensa No. 046/2014, emitido en marzo de 2014, en el cual manifestó que:

“Tratándose de administración fraudulenta, los socios de una persona moral en lo individual pue­den ser sujetos pasivos del delito y, por ende, les asiste el derecho a promover la querella relativa.

La Primera Sala al determinar lo anterior, señaló que en el caso de las personas morales cada uno de los socios, asociados o accionistas son titula­res o dueños de una parte del capital total de la persona jurídica, tal y como lo sostuvo en la tesis de rubro: Acciones de sociedades anónimas. Son derechos personalísimos (sociedad legal), por lo que, debe considerarse que tratándose de tales per­sonas morales el tipo penal pretende proteger, en principio, la integridad de los bienes de cada uno de los titulares del patrimonio administrado y, en segundo lugar, el patrimonio de la colectividad.

De esta manera, es evidente que se comete el delito de administración fraudulenta cuando se perjudi­que, indistintamente, a alguno de los integrantes de la persona moral en sus acciones o parte alícuota o a la colectividad titular del patrimonio social, inclu­so los productos de esos bienes administrados con­forme lo sostuvo la Primera Sala, pues el tipo penal únicamente señala que el sujeto pasivo del delito es aquél titular de los bienes que son administrados de manera fraudulenta sin hacer distinción alguna.

Así, cualquier socio agraviado por la conducta típi­ca, como titular de las acciones que constituyan el patrimonio afectado, se encuentra legitimado para impugnar los actos fraudulentos que el administra­dor desleal haya realizado en perjuicio de la inte­gridad de su patrimonio, así como para presentar su formal querella ante el Ministerio Público”.

Por: Redacción

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